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Por Jared Laureles
La semifinal entre Toluca y Pachuca estaba expensa de terminar con un marcador favorable para los diablos; los focos rojos se encendían y una barra en la parte inferior del televisor anunciaba un reporte especial sobre la presunta desaparición del Jefe Diego. Toluca avanzó a la final y Televisa cedió su espacio deportivo a un programa especial que despejaría dudas. La versión sólo consistió en imágenes del rancho “La Cabaña”, y desmintió el posible secuestro y ejecución del político panista. Acompañado de palabras políticas dolosas de César Nava y Cuauhtémoc Cárdenas.
Las semblanzas comenzaron a pintar a un ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional en 1994, diputado federal y senador de la República. Ha sido un personaje político controvertido, ha ganado litigios millonarios y ha sido un crítico a la dirigencia de César Nava en el PAN.
Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado la noche del 14 de mayo en Querétaro cerca de su hacienda, en el municipio de Pedro Escobedo. La noticia se escurrió entre rumores: diversos noticiarios informaron sobre una posible desaparición. Manuel Espino echó leña al fuego y señaló en twiter que “hay mucho rumor sobre la desaparición del Jefe Diego, me dicen que está muerto y el cuerpo en el campo militar de Querétaro. Muy lamentable!”. El otro tinte se torno en una batalla mediática, que sin confirmar la información, se hablaba de un secuestro.
A partir de ahí la noticia se hizo rumor, los medios informaban lo que querían, pero insistían a que la procuraduría de Querétaro confirmará lo que ellos ya habían dado por supuesto. Ninguna autoridad asumió el caso para apaciguar la noticia; sólo el aparato oficial de Los Pinos insistió en revocar la versión de Espino.
El hecho nuevamente tocó fibras sensibles hacia el exterior: el propio presidente español José Luis Rodríguez Zapatero afirmó: “Sé que es un amigo y un hombre de gran importancia, de gran relevancia política en México. Deseamos su pronta liberación. Condenamos la criminalidad, condenamos los secuestros y estamos siempre muy cerca de México y de su presidente en esa lucha ejemplar que está llevando a cabo”. El caso Diego era ya un asunto de Estado.
Hablar de una posible desaparición resulta poco incongruente dentro de un contexto llamado “guerra contra el narco”. Hablar de un secuestro es mañoso y disgustante para la sociedad, por aquellos quienes creen que ya ni conciencia se tiene; era obvio que tipificar el hecho como un secuestro implica el contacto inmediato de los responsables con los familiares, y autoridades, para fijar la suma de un posible rescate. Y eso que la familia pidió, el 18 de mayo, que se comuniquen con ellos para fijar un rescate. Si fuese secuestro, ¿quién lleva la tutela?
El argumento más tangible era un ajuste de cuentas entre grupos políticos o un presunto levantamiento por parte de algún cártel. Fernández de Cevallos había quitado las primeras planas sobre la presunta captura de “Nacho” Coronel, capo considerado como dueño de la plaza en territorio jalisciense y brazo principal del cártel de Sinaloa.
La autocensura por parte de Televisa, el pasado 17 de mayo, deja más especulaciones que sensibilizar la opinión pública mexicana argumentando que no se informaría más sobre el hecho debido al “respeto a la familia” y “el respeto a su vida”. “Es una decisión de anteponer la vida de Fernández de Cevallos en el ejercicio periodístico. No ha sido una decisión fácil, pero es una decisión firme”.
La postura de Televisa en desistir sobre seguir informando no debe menospreciarse. Carlos Loret de Mola señalo que si el tema Paulette se cubrió fue porque la familia de la pequeña lo concedió. Con Fernández de Cevallos la familia no lo pidió; la televisora asumió, más que ética en el ejercicio periodístico, silencia un hecho que a la población compete y que deja al descubierto el poder de penetración de la delincuencia, no sólo a las capas bajas de la sociedad sino ya tocó a la clase empresarial.
Exhibir a un jugador (Salvador Cabañas) convaleciente en entrevista exclusiva de noticieros Televisa, ¿no respeta su vida?, la esposa estaba más preocupada por la salud del jugador que atender declaraciones. El caso Paulette fue manoseado a tal grado de generar en la opinión pública un repudio hacia la figura maternal de la niña ¿por qué no se respeto a la familia? En este caso, el ejercicio “farándula” se puso por encima del vocablo respeto.
Si la televisora no va informar, por lo menos que alguna autoridad federal asuma la responsabilidad de informar en conferencias de prensa -como se acostumbra- el avance que ha llevado las investigaciones. Si no se informa, entonces en qué sistema político estamos inmersos: nuevamente la impunidad, nuevamente nos vieron la cara, más que de ciudadanos con el derecho a pedir cuentas claras, como público espectador.
Ante el hecho, vale la pena preguntarse ¿qué hacía un político de ese rango sin escoltas?, ¿por qué fue desaparecido justo a la entrada de su hacienda?; si hubiese sido producto de un atentado por parte de algún cartel, conociendo su calidad operativa, lo hubieran dejado en algún barranco de media carretera. Si la autoridad, y el principal medio de comunicación no dan explicación “por respeto a la vida del ex candidato”, entonces demos beneficio a la duda.
martes, 8 de junio de 2010
Artículo
Ley Arizona, ¿hasta dónde ofendernos?
PorJaredLaureles
Cómo es posible que en un contexto mundial donde se ha dado una amplitud al mercado forjado en Tratados de Libre Comercio, siga habiendo restricciones impositivas, pero sobretodo racistas, en contra del capital humano.
La ley Arizona ha destapado voces y generado una controversia que hasta el mismo elefante blanco de la Organización de Estados Americanos (OEA) la ha calificado como racista e inaceptable.
La SB 1070, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, apoyada solamente por los grupos ultraconservadores y racistas de su entidad –con el único argumento de frenar la inmigración ilegal-, puede tratar de poner en jaque al gobierno de Barack Obama, porque se ha mostrado dócil sin plantear una estrategia concreta de solución parea revertir el problema; sólo le queda provechar el reclamo de instituciones mundiales, fibras políticas y grupos sociales –principalmente latinos- que claman por una igualdad internacional.
Phil Gordon, alcalde de Phoenix, capital de Arizona, también señaló que la iniciativa sería "económicamente desastrosa" y pidió a las autoridades de la ciudad que demanden judicialmente al estado para impedir que entre en vigor.
Arizona cuenta con una tasa demográfica de crecimiento del 7.6 por ciento, es explicable desde el punto en que ahí reside un gran número de latinos que trabajan y sostienen una economía. La situación se pinta hipócrita y hasta demagógica, tomando en cuenta precisamente la considerable presencia de latinos de un 71 por ciento, tomando en cuenta que en Arizona residen poco más de 900 mil extranjeros, de los cuales habitan un total de 611 mil 410 mexicanos.
Por otro lado, el extremo más contundente en contra del imperialismo norteamericano, Hugo Chávez, no ha alzado la voz respecto al problema. Está centrado únicamente en esclarecer a que en las próximas elecciones –faltando dos años y medio- por la presidencia de Venezuela "no está prevista la sucesión en el corto plazo"; al menos así lo afirman los principales diarios de aquél país.
El contexto mundial arroja severas dudas: ¿por qué hacer una hipérbole de una ley que “aparentemente” afecta a mexicanos?, ¿y los latinos?, ¿y los 460 mil residentes venezolanos en aquella entidad?, ¿por qué preocuparnos ahora que ya está aprobada y no, cuando estaba en proceso? ¿De dónde surge la iniciativa de esta ley?
Lo cierto es que aparentemente ha logrado poner de acuerdo y unificado a la clase política mexicana y los poderes fácticos. Un complot que exacerba la ofensa contra el pueblo mexicano y vanagloria la actitud reprobativa por parte del gobierno mexicano.
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, envió una carta al vicepresidente estadunidense Joe Biden, en la que calificó como “deplorable” ley SB1070 aprobada en Arizona. Mientras tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, llamó a realizar un boicot contra Arizona, por la promulgación de la ley que “criminaliza” a los inmigrantes en esa entidad de Estados Unidos.
Una ley que viola a otras leyes, entre ellas: básicamente Derechos Humanos y lo que algunos analistas han señalado que las próximas elecciones estatales de noviembre alentaron que se aprobara esta ley restrictiva de los derechos civiles y violatoria de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.
La reciente redada en contra de inmigrantes en Arizona arrojo un número considerable; cerca de 70 personas con aspecto hispano-latino, entre ellas un niño de 12 años, lo cual es un acto de violación a derechos humanos no sólo a nivel local, sino a nivel internacional.
La aplicación de la ley es un delito justificado ante la ley, tomando en cuenta que el comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo que realizará una nueva redada contra inmigrantes ilegales y delincuentes el jueves, según el diario El Universal en su nota del 29 de abril; es decir, la acción termina siendo un acto de cacería del humano sobre el humano, confirmándose como un depredador.
Amnistía Internacional aprovechó el contexto para señalar que la misma práctica se hace en México. Según el diario El Universal, la organización Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno de México ser congruente en sus reacciones en temas migratorios y atender el problema de abusos cometidos en contra de ciudadanos centroamericanos en territorio nacional, como lo hace en la defensa de sus connacionales en Arizona.
Y es cierto: después de casi cuatro años se hizo justicia con el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González; falta la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco; niños que son sancionados por no rendir honores a la bandera; resta subsanar la trata de personas, principalmente de origen centroamericano, y aquellos que entran a nuestro país por el ala sur en busca de un trabajo y mejor calidad de vida; y que lo único que consiguen es explotación con base en engaños; mientras México recibe explotación laboral, con base en discursos políticos. El problema es de fondo.
Resulta halagador y merece reconocimiento la efervescencia y la molestia en defender, por parte de los políticos mexicanos, una iniciativa que afecta a los mexicanos. ¿Qué papel debe asumir México? y/o ¿qué medidas debería tomar? Comenzar por la propia casa.
PorJaredLaureles
Cómo es posible que en un contexto mundial donde se ha dado una amplitud al mercado forjado en Tratados de Libre Comercio, siga habiendo restricciones impositivas, pero sobretodo racistas, en contra del capital humano.
La ley Arizona ha destapado voces y generado una controversia que hasta el mismo elefante blanco de la Organización de Estados Americanos (OEA) la ha calificado como racista e inaceptable.
La SB 1070, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, apoyada solamente por los grupos ultraconservadores y racistas de su entidad –con el único argumento de frenar la inmigración ilegal-, puede tratar de poner en jaque al gobierno de Barack Obama, porque se ha mostrado dócil sin plantear una estrategia concreta de solución parea revertir el problema; sólo le queda provechar el reclamo de instituciones mundiales, fibras políticas y grupos sociales –principalmente latinos- que claman por una igualdad internacional.
Phil Gordon, alcalde de Phoenix, capital de Arizona, también señaló que la iniciativa sería "económicamente desastrosa" y pidió a las autoridades de la ciudad que demanden judicialmente al estado para impedir que entre en vigor.
Arizona cuenta con una tasa demográfica de crecimiento del 7.6 por ciento, es explicable desde el punto en que ahí reside un gran número de latinos que trabajan y sostienen una economía. La situación se pinta hipócrita y hasta demagógica, tomando en cuenta precisamente la considerable presencia de latinos de un 71 por ciento, tomando en cuenta que en Arizona residen poco más de 900 mil extranjeros, de los cuales habitan un total de 611 mil 410 mexicanos.
Por otro lado, el extremo más contundente en contra del imperialismo norteamericano, Hugo Chávez, no ha alzado la voz respecto al problema. Está centrado únicamente en esclarecer a que en las próximas elecciones –faltando dos años y medio- por la presidencia de Venezuela "no está prevista la sucesión en el corto plazo"; al menos así lo afirman los principales diarios de aquél país.
El contexto mundial arroja severas dudas: ¿por qué hacer una hipérbole de una ley que “aparentemente” afecta a mexicanos?, ¿y los latinos?, ¿y los 460 mil residentes venezolanos en aquella entidad?, ¿por qué preocuparnos ahora que ya está aprobada y no, cuando estaba en proceso? ¿De dónde surge la iniciativa de esta ley?
Lo cierto es que aparentemente ha logrado poner de acuerdo y unificado a la clase política mexicana y los poderes fácticos. Un complot que exacerba la ofensa contra el pueblo mexicano y vanagloria la actitud reprobativa por parte del gobierno mexicano.
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, envió una carta al vicepresidente estadunidense Joe Biden, en la que calificó como “deplorable” ley SB1070 aprobada en Arizona. Mientras tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, llamó a realizar un boicot contra Arizona, por la promulgación de la ley que “criminaliza” a los inmigrantes en esa entidad de Estados Unidos.
Una ley que viola a otras leyes, entre ellas: básicamente Derechos Humanos y lo que algunos analistas han señalado que las próximas elecciones estatales de noviembre alentaron que se aprobara esta ley restrictiva de los derechos civiles y violatoria de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.
La reciente redada en contra de inmigrantes en Arizona arrojo un número considerable; cerca de 70 personas con aspecto hispano-latino, entre ellas un niño de 12 años, lo cual es un acto de violación a derechos humanos no sólo a nivel local, sino a nivel internacional.
La aplicación de la ley es un delito justificado ante la ley, tomando en cuenta que el comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo que realizará una nueva redada contra inmigrantes ilegales y delincuentes el jueves, según el diario El Universal en su nota del 29 de abril; es decir, la acción termina siendo un acto de cacería del humano sobre el humano, confirmándose como un depredador.
Amnistía Internacional aprovechó el contexto para señalar que la misma práctica se hace en México. Según el diario El Universal, la organización Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno de México ser congruente en sus reacciones en temas migratorios y atender el problema de abusos cometidos en contra de ciudadanos centroamericanos en territorio nacional, como lo hace en la defensa de sus connacionales en Arizona.
Y es cierto: después de casi cuatro años se hizo justicia con el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González; falta la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco; niños que son sancionados por no rendir honores a la bandera; resta subsanar la trata de personas, principalmente de origen centroamericano, y aquellos que entran a nuestro país por el ala sur en busca de un trabajo y mejor calidad de vida; y que lo único que consiguen es explotación con base en engaños; mientras México recibe explotación laboral, con base en discursos políticos. El problema es de fondo.
Resulta halagador y merece reconocimiento la efervescencia y la molestia en defender, por parte de los políticos mexicanos, una iniciativa que afecta a los mexicanos. ¿Qué papel debe asumir México? y/o ¿qué medidas debería tomar? Comenzar por la propia casa.
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