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Ley Arizona, ¿hasta dónde ofendernos?

PorJaredLaureles
Cómo es posible que en un contexto mundial donde se ha dado una amplitud al mercado forjado en Tratados de Libre Comercio, siga habiendo restricciones impositivas, pero sobretodo racistas, en contra del capital humano.

La ley Arizona ha destapado voces y generado una controversia que hasta el mismo elefante blanco de la Organización de Estados Americanos (OEA) la ha calificado como racista e inaceptable.

La SB 1070, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, apoyada solamente por los grupos ultraconservadores y racistas de su entidad –con el único argumento de frenar la inmigración ilegal-, puede tratar de poner en jaque al gobierno de Barack Obama, porque se ha mostrado dócil sin plantear una estrategia concreta de solución parea revertir el problema; sólo le queda provechar el reclamo de instituciones mundiales, fibras políticas y grupos sociales –principalmente latinos- que claman por una igualdad internacional.

Phil Gordon, alcalde de Phoenix, capital de Arizona, también señaló que la iniciativa sería "económicamente desastrosa" y pidió a las autoridades de la ciudad que demanden judicialmente al estado para impedir que entre en vigor.
Arizona cuenta con una tasa demográfica de crecimiento del 7.6 por ciento, es explicable desde el punto en que ahí reside un gran número de latinos que trabajan y sostienen una economía. La situación se pinta hipócrita y hasta demagógica, tomando en cuenta precisamente la considerable presencia de latinos de un 71 por ciento, tomando en cuenta que en Arizona residen poco más de 900 mil extranjeros, de los cuales habitan un total de 611 mil 410 mexicanos.

Por otro lado, el extremo más contundente en contra del imperialismo norteamericano, Hugo Chávez, no ha alzado la voz respecto al problema. Está centrado únicamente en esclarecer a que en las próximas elecciones –faltando dos años y medio- por la presidencia de Venezuela "no está prevista la sucesión en el corto plazo"; al menos así lo afirman los principales diarios de aquél país.

El contexto mundial arroja severas dudas: ¿por qué hacer una hipérbole de una ley que “aparentemente” afecta a mexicanos?, ¿y los latinos?, ¿y los 460 mil residentes venezolanos en aquella entidad?, ¿por qué preocuparnos ahora que ya está aprobada y no, cuando estaba en proceso? ¿De dónde surge la iniciativa de esta ley?
Lo cierto es que aparentemente ha logrado poner de acuerdo y unificado a la clase política mexicana y los poderes fácticos. Un complot que exacerba la ofensa contra el pueblo mexicano y vanagloria la actitud reprobativa por parte del gobierno mexicano.

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, envió una carta al vicepresidente estadunidense Joe Biden, en la que calificó como “deplorable” ley SB1070 aprobada en Arizona. Mientras tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, llamó a realizar un boicot contra Arizona, por la promulgación de la ley que “criminaliza” a los inmigrantes en esa entidad de Estados Unidos.

Una ley que viola a otras leyes, entre ellas: básicamente Derechos Humanos y lo que algunos analistas han señalado que las próximas elecciones estatales de noviembre alentaron que se aprobara esta ley restrictiva de los derechos civiles y violatoria de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.

La reciente redada en contra de inmigrantes en Arizona arrojo un número considerable; cerca de 70 personas con aspecto hispano-latino, entre ellas un niño de 12 años, lo cual es un acto de violación a derechos humanos no sólo a nivel local, sino a nivel internacional.

La aplicación de la ley es un delito justificado ante la ley, tomando en cuenta que el comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo que realizará una nueva redada contra inmigrantes ilegales y delincuentes el jueves, según el diario El Universal en su nota del 29 de abril; es decir, la acción termina siendo un acto de cacería del humano sobre el humano, confirmándose como un depredador.

Amnistía Internacional aprovechó el contexto para señalar que la misma práctica se hace en México. Según el diario El Universal, la organización Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno de México ser congruente en sus reacciones en temas migratorios y atender el problema de abusos cometidos en contra de ciudadanos centroamericanos en territorio nacional, como lo hace en la defensa de sus connacionales en Arizona.

Y es cierto: después de casi cuatro años se hizo justicia con el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González; falta la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco; niños que son sancionados por no rendir honores a la bandera; resta subsanar la trata de personas, principalmente de origen centroamericano, y aquellos que entran a nuestro país por el ala sur en busca de un trabajo y mejor calidad de vida; y que lo único que consiguen es explotación con base en engaños; mientras México recibe explotación laboral, con base en discursos políticos. El problema es de fondo.

Resulta halagador y merece reconocimiento la efervescencia y la molestia en defender, por parte de los políticos mexicanos, una iniciativa que afecta a los mexicanos. ¿Qué papel debe asumir México? y/o ¿qué medidas debería tomar? Comenzar por la propia casa.